Antes de hablar de aplicaciones, ventanillas únicas o inteligencia artificial, el estado creó un nuevo piso normativo: reordenó sus estructuras legales para darle vida a un innovador diseño institucional: la Subsecretaría de Transformación Digital, que se aloja en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).
Por Mariano Garza-Cantú
Diciembre 2025
La antigua Subsecretaría de Gobierno Digital y Transparencia terminó desdoblándose: la parte de transparencia se fue al área de anticorrupción y el componente digital se reestructuró, incorporando ahora la mejora regulatoria y la simplificación administrativa dentro de la nueva subsecretaría.
Y el nuevo subsecretario Héctor Silva, abogado especializado en derecho tecnológico y mejora regulatoria, arrancó la administración como Comisionado Estatal de Mejora Regulatoria. Esa experiencia marcó el enfoque: primero ordenar la casa en términos legales y normativos, luego escalar hacia la digitalización. El proceso incluyó reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento Interior para insertar dos conceptos que van a ser el hilo conductor de la política estatal: simplificación administrativa y digitalización.
Antes de lanzar su propia estrategia, Puebla decidió esperar a conocer el contenido de la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. La idea era tener todo alineado y no duplicar esfuerzos ni rehacer trabajo cuando bajaran las directrices nacionales.
La reforma orgánica trasladó a la subsecretaría las atribuciones tecnológicas que antes estaban regadas en diferentes dependencias. Se espera que entre en vigor el 15 de diciembre de 2025.
Dos grandes direcciones: simplificación y gobierno digital
La Subsecretaría de Transformación Digital se organiza en dos grandes bloques: la Dirección General de Simplificación Administrativa y la Dirección General de Gobierno Digital.
La primera es heredera directa de la antigua Comisión de Mejora Regulatoria. Mantiene sus funciones, pero ahora con un mandato más amplio: convertir la simplificación administrativa en política de Estado. Esta Dirección concentra el área de Política Regulatoria y Mejora Regulatoria Institucional, las jefaturas vinculadas con Atención Ciudadana, la operación de la ventanilla digital, el portal, el chatbot y el centro de atención telefónica, además de la relación con grandes proyectos nacionales que lidera la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) federal, como Registro Civil, Registro Público, Catastro y la propia ventanilla única.
Este bloque sigue trabajando con los enlaces de Mejora Regulatoria que hay en cada dependencia y es, además, el punto de contacto con los municipios para revisar trámites y procesos a nivel local.
Del otro lado está la Dirección General de Gobierno Digital, que integra tres piezas. La primera es la Dirección de Normatividad, responsable de dictaminar las compras tecnológicas del gobierno estatal y verificar que se ajusten al marco jurídico. La segunda es la Dirección de Infraestructura Tecnológica, que se encarga de redes, servidores físicos y en la nube, ciberseguridad e inteligencia artificial aplicada a la operación interna. La última es la Dirección de Soluciones Tecnológicas, encargada de las plataformas, portales y el desarrollo de nuevos sistemas que se van a conectar con el repositorio nacional de software.
El gobierno de Puebla creó una paraestatal de tecnología, llamada Yankuilotl, para operar como una fábrica de software, además del incipiente ecosistema de semiconductores en el estado. “No queremos estar pagando mantenimientos y pagando licencias todo el tiempo. Eso es impagable. Lo que buscamos es tener este semillero de programadores que vengan de los tecnológicos del estado y generar nuestro propio ejército de programadores que estén capacitados para poder hacer cualquier tipo de plataforma y que le den mantenimiento a las mismas”, aseguró Silva.
Ya hay un equipo de unos 25 programadores y el plan es que esta capacidad sirva también a los municipios, muchos de los cuales no tienen cómo financiar plataformas comerciales sofisticadas.
Siguientes pasos
La subsecretaría está desarrollando lineamientos que deberían estar listos para finales de enero, con el objetivo de establecer reglas claras sobre firma electrónica, uso de datos y digitalización de procesos para 2026. Además, se van a enfocar en fortalecer la infraestructura tecnológica —servidores, ciberseguridad, conectividad— y definir criterios para el uso eficiente de la nube. Finalmente, van a capacitar a las dependencias y darle continuidad a la política en los tres poderes.
Héctor Silva compartió que la prioridad inmediata es contar con un diagnóstico completo de los trámites del estado, con la idea de que unos 300 se integren a la ventanilla digital en el corto plazo.
Otro objetivo prioritario es trabajar en reglas de gobernanza de datos que todas las dependencias van a tener que cumplir, con miras a crear inteligencia de negocios: que los diagnósticos de política pública se construyan sobre bases de datos consolidadas y actualizadas, y que agentes de IA puedan trabajar sobre esas estructuras para ofrecer análisis en tiempo real; el cumplimiento de los lineamientos de datos no va a ser opcional.
En cuanto al uso de la firma digital para brindar certeza, Puebla lleva alrededor de cinco años usando la e.firma del SAT como base, lo que le ha permitido firmar alrededor de siete millones de documentos electrónicos, solo en la relación con el Poder Legislativo. Con base en esa experiencia se extenderá el uso de la firma electrónica al resto del gobierno estatal, empezando por la propia SECIHTI y las áreas vinculadas con gobierno digital.
Silva compartió que, en paralelo, el estado ya opera un expediente digital propio y se acordó con la federación que Llave MX va a funcionar como un mecanismo adicional de autenticación para acceder a trámites y servicios.
La apuesta de Puebla es construir desde los cimientos legales antes que, desde la tecnología, aunque sea un poco más lento, pero se hará con certeza jurídica. Una vez sentada esta base, el reto es demostrar que ese orden institucional se traduce en trámites más rápidos, datos mejor aprovechados y servidores públicos que ya no le tengan miedo a lo digital.