Muchos gobiernos estatales y municipales que están creando hot spots gratuitos. Quintana Roo es uno de ellos, y lo está haciendo con gran rapidez. Quisimos conocer cuál es el modelo de gestión que están utilizando, para entender qué tan replicable es ese modelo.
Por Mariano Garza-Cantú
Octubre 2025
Para todas las entidades estatales, incluso aquellas con la conectividad de internet más favorable, el reto es llegar a los lugares más lejanos y pobres; ahí donde los grandes proveedores de Internet no encuentran suficiente incentivo de negocio para desplegar sus recursos y dar cobertura.
En Quintana Roo el esfuerzo para derribar estas barreras se construye con una historia en domos, kioscos y parques de comunidades rurales: una red de hotspots públicos que crece a fuerza de alianzas, voluntad local y una visión desde el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología (IQIT).
Según datos del INEGI (2023), Quintana Roo tiene una penetración de internet del 72.1%, por debajo del promedio nacional de 75.6%, pero con importantes brechas entre zonas urbanas y rurales. “Nuestro objetivo es inundar todo el estado de Internet”, resume Javier Ayuso, director general del IQIT.
Actualmente, según información proporcionada por el propio Ayuso, Quintana Roo cuenta con 132 sitios de Wi-Fi gratuito activos en 88 localidades —urbanas y rurales— distribuidas en los 11 municipios del estado. Ayuso calcula que esta infraestructura beneficia a una población aproximada de 1.6 millones de personas, y opera con anchos de banda que varían entre 5 y 50 megas, dependiendo del proveedor y la tecnología instalada.
En la mayoría de los casos, los hotspots ofrecen entre 10 y 20 megas, aunque existen ejemplos notables como el de la localidad de Limones, en Bacalar, donde un proveedor local invirtió en fibra óptica y elevó la velocidad a 50 megas, respondiendo directamente a las quejas y necesidades de los usuarios.
¿Dónde se colocan los hotspots y para qué?
La lógica detrás de cada punto no responde al azar. Las ubicaciones se eligen en función de:
- Cobertura disponible de proveedores locales o de CFE.
- Infraestructura estatal existente que puede alojar equipos (torres, edificios, escuelas).
- Acceso público garantizado, como parques, plazas, kioscos o domos comunitarios.
Aunque cualquier persona puede conectarse a estos puntos, el uso prioritario está destinado a niños y jóvenes sin internet en casa, para que puedan acceder a herramientas educativas en igualdad de condiciones. Sin embargo, Ayuso aseguró que los hotspots “no se instalan solo en escuelas. Buscamos espacios donde el servicio beneficie a la comunidad en general”.
Si bien existen brechas urbanas, la prioridad sigue estando en zonas rurales con alta marginación digital. El objetivo es reducir la desigualdad en el acceso a herramientas tecnológicas, un eje clave del llamado Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.
Los dos modelos de despliegue
El despliegue de hotspots responde a dos modelos principales:
1. CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos
Impulsado desde el gobierno federal, ha tenido avances limitados en el Estado por temas de cobertura y, recientemente, por un freno derivado del cambio de administración. Sin embargo, se espera un relanzamiento con nuevos equipos basados en satélites de órbita baja, lo que permitirá llegar a zonas hoy inaccesibles.
2. WISPs locales (Wireless Internet Service Providers)
Los WISPs son pequeñas empresas —muchas de ellas nacidas en las propias comunidades— que, a través del programa Quintana Roo en Línea, pueden usar infraestructura estatal para montar sus antenas. A cambio, ofrecen al menos un punto de acceso gratuito y mantenimiento a los sitios que utilizan.
“No son grandes operadores. Son emprendedores locales que conocen su territorio. Algunos ya están expandiendo su operación a otros estados… incluso a Belice”, dice Ayuso.
Casos como el de un proveedor en la comunidad de Señor, ubicada en el municipio Felipe Carrillo Puerto, que invirtió cerca de tres millones de pesos en una red propia de fibra óptica, muestran que este modelo mixto puede ser tanto un negocio rentable como un catalizador de desarrollo comunitario.
El Centro México Digital señala que la expansión de conectividad en zonas rurales es uno de los mayores desafíos del país, pero también una oportunidad para generar inclusión social y desarrollo económico local.
Ayuso compartió que hoy la cobertura pública estimada en Quintana Roo es de 44% en zonas rurales y 76% en urbanas. La meta del IQIT es llegar a 60% y 85%, respectivamente, antes de que termine la actual administración estatal en 2027. Se trata de una apuesta ambiciosa que, según Ayuso, es alcanzable con la continuidad de alianzas público-privadas.
Oportunidades y desafíos del modelo WISP
Según información del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), existen más de 1,200 concesionarios y permisionarios de servicios de acceso a internet en México, pero una gran parte son micro o pequeñas empresas —muchas de ellas WISPs.
Estas empresas operan principalmente con concesiones de uso social, comunitario o comercial a nivel regional o local y, aunque representan una opción prometedora para reducir la brecha digital en las zonas marginadas, también enfrentan retos considerables: acceso limitado a infraestructura troncal (fibra óptica), costos elevados por transporte de datos mayorista (conocido como backhaul), un marco regulatorio complejo y falta de financiamiento, además de la competencia desigual ante los grandes operadores.
Una ventana hacia el futuro digital de México
El modelo de Quintana Roo funciona. La combinación de infraestructura pública, alianzas estratégicas y emprendimiento local está demostrando que cerrar la brecha digital no requiere solo de grandes inversiones, sino de creatividad y voluntad política.
La historia de los WISPs quintanarroenses, desde el empresario que llevó fibra óptica a Señor hasta el proveedor de Limones que respondió directamente a los reclamos de velocidad de sus usuarios, habla de algo más profundo: cuando las comunidades toman control de su conectividad, no solo acceden a internet, sino que construyen las bases para su propio desarrollo económico y social.
Las metas del IQIT para 2027 —60% de cobertura rural y 85% urbana— pueden parecer ambiciosas en papel y el reto ahora es escalar este modelo.
En un momento donde la conectividad define oportunidades educativas, laborales y de participación ciudadana, iniciativas como la de Quintana Roo nos recuerdan que el futuro digital de México no se construirá desde arriba hacia abajo, sino desde las comunidades hacia el resto del país.