El 16 de julio de 2025 se decretó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con un importante contenido tecnológico y normativo, que obliga —con precisión— a toda la burocracia federal, estatal y municipal a ajustarse a sus disposiciones. Aquí encontrará una serie de juicios, bien sustentados, sobre los desafíos existentes para implementar esta Ley.
Por Luz Angel de Luna Meléndez*
Octubre 2025
La ley otorga 180 días a los estados y municipios para establecer sus respectivas Autoridades de Simplificación y Digitalización. Es decir, para el 16 de enero de 2026 deberán contar con estructura, responsables, normativa, políticas, programas y presupuesto para implementar un programa que no solo simplifique trámites, sino que modernice tecnológicamente las administraciones, con especial énfasis en la automatización.
No es la primera vez que, desde el Ejecutivo Federal, se lanza una cruzada nacional contra los trámites burocráticos, ni será la última, pero en cada intento de simplificación y modernización, las buenas intenciones suelen diluirse —paradójicamente— en el pantano de la misma burocracia que se busca combatir. Sin embargo, vale la pena intentarlo una vez más, incluso si parece una utopía.
El objetivo de fondo es reducir los márgenes de corrupción que se generan a partir de requisitos excesivos o difíciles de cumplir, los cuales inducen a la ciudadanía a ofrecer el llamado “impulso procesal” para evitarse más molestias, pero que se traduce en un acto de soborno.
De hecho, en enero de este año se había anunciado que la norma se llamaría Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, pero seis meses después —como diría “Toro Bolas” tras brincar la cerca de púas, “ya solo llámenme Toro”-, se eliminó del título el objetivo principal. Tal vez hacía mucho ruido.
El problema es complejo y quizá la eventual reticencia en su aplicación, se origina en el enfoque recaudatorio de muchas autoridades municipales y estatales, que en sus leyes de ingresos buscan incrementar la captación de recursos de libre disposición. Así, establecen nuevos trámites, reglamentos y disposiciones que, en teoría, persiguen el bien común, pero que en la práctica son mecanismos de recaudación. En el terreno, es evidente que, tan pronto asumen el poder, muchas autoridades se enfocan en extraer recursos de la ciudadanía por diversas vías. Este es un drama cotidiano, ampliamente documentado y denunciado continuamente en redes sociales.
Bajo esta nueva ley, el primer paso será que los congresos estatales homologuen la legislación local para que el ejecutivo nombre a sus Autoridades de Simplificación y Digitalización. Acto seguido, los Municipios adecuarán su normativa para reestructurar su Reglamento Orgánico y su Organigrama. Sin embargo, los Congresos suelen ser extremadamente lentos. Basta recordar que, en muchos estados, la normativa que rige a los municipios en materia de responsabilidades administrativas aún no se ha homologado con la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), expedida en julio de 2016. Esto es relevante porque la LGRA redefine las funciones de los órganos internos de control, que en las leyes municipales suelen tener atribuciones distintas, simplemente porque no se han “actualizado”, lo que denota un enorme rezago legislativo.
Históricamente, la modernización administrativa recaía en las contralorías desde 1995, cuando Arsenio Farell Cubillas era Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Con el tiempo, estas se transformaron en entidades casi exclusivamente fiscalizadoras, abandonando la modernización, cuya adscripción ha quedado al garete o, lo que es lo mismo, a discreción de las autoridades que van y vienen.
La nueva Ley –por ejemplo- parte de una gran visión, pues integra simplificación, digitalización, homologación y atención ciudadana en un enfoque integral. Sin embargo, habrá de enfrentar los rezagos normativos y la resistencia burocrática que persisten en estados y municipios y que seguramente hará “trastabillar” su necesario éxito.
Un elemento destacado de la ley es el Repositorio de Tecnología, la libre disposición de código fuente y el acompañamiento en la implementación de nuevas herramientas. No es tarea fácil. Experiencias previas, desde hace más de 20 años, muestran que compartir proyectos y códigos —en su momento a través de contralorías estatales y del CIAPEM— ha dado resultados positivos, aunque limitados.
La nueva Ley incluye el área de Atención Ciudadana, que tiene un gran dinamismo e interacción con la ciudadanía, concentrando quejas de lámparas apagadas, falta de agua, recolección de basura, proliferación de perros en las calles, animales muertos, conflictos vecinales, contaminación auditiva, etc., y que es de gran valor “clientelar” pero que, en términos de la eliminación de trámites e innovación gubernamental, escasamente se le ha relacionado. Habrá que ver, en los meses por venir, su vinculación.
En tal contexto, es de esperar que los municipios con personal capacitado en tecnologías de la información puedan avanzar, aunque la alta rotación laboral por cambios de gobierno haya afectado su experiencia técnica. Además, hay que considerar que los municipios con menos de 100 mil habitantes —la gran mayoría— carecen de recursos humanos suficientes para implementar la simplificación y automatización.
En México, solo 131 municipios tienen más de 100 mil habitantes, de un total de 2,477. Es decir, apenas el 5% tiene condiciones para cumplir aceptablemente con la nueva Ley, no tanto por su población, sino por su capacidad de ingresos (superior a 200 millones de pesos anuales), la cual suele destinarse principalmente a nómina, energía eléctrica, deudas y algo de obra pública, dejando poco o nada para la modernización administrativa.
No obstante, estos 131 municipios concentran 61 millones de habitantes —el 48% de la población nacional— y suelen tener áreas informáticas desarrolladas en sus tesorerías, aunque otras dependencias municipales permanezcan rezagadas. Algo similar ocurre a nivel federal, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lidera en tecnología: donde hay recursos, hay avances.
Ese es, en síntesis, el panorama de este ambicioso y necesario proyecto para combatir la corrupción mediante la simplificación y automatización de trámites en el segundo piso de la 4T.
*Luz Ángel De Luna Meléndez es economista con una larga trayectoria en la Administración Pública federal, estatal y municipal. Es experto Modernización Administrativa y Socio Fundador y Presidente de Economistas Zona Metropolitana de La Laguna.
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