No basta con saber utilizar herramientas de IA si la institución pública carece de reglas sobre que herramientas utilizar, para qué utilizarlas, y quién o quiénes son los responsables de sus resultados. Etas son algunas reflexiones que hace el Dr. Rafael Martínez Puón, a propósito de su recientemente publicado libro “Nuevas competencias y dilemas éticos para los directivos públicos en la era de la inteligencia artificial”.
Por Mariano Garza-Cantú
Octubre, 2026
Para Rafael Martínez Puón la adopción de la inteligencia artificial en el servicio público avanza,pero de forma desigual. Más de manera individual que institucional; hay quienes se adelantan por curiosidad, mientras otros arrastran problemas incluso con herramientas digitales tradicionales. “Empiezan a generar una suerte de desventaja de unos para con otros”, advierte, y esa brecha puede generar tensiones incluso dentro de un mismo equipo si nadie pone orden.
Ante la ausencia de reglas, el uso de la IA corre el riesgo de convertirse en una suma de decisiones individuales: cada servidor público elige una herramienta, decide qué información compartir con ella y determina cuánto confiar en sus respuestas. El entrevistado lo resume como un problema de origen: la falta de un diagnóstico organizacional claro sobre qué puestos requieren IA y cuáles no, además de la ausencia de una regulación necesaria sobre su uso.
La respuesta, dice, no consiste en prohibir la tecnología ni en dejarla exclusivamente en manos de las áreas informáticas. “Todo parece indicar que son las áreas de tecnologías las que están tomando las riendas de este asunto”, señala, “pero a mí me parecería fundamental que hubiese una suerte de comité de los directivos de la organización pública, multidisciplinario, que decidiera cómo abordar este asunto dentro de la organización”.
¿Un comité por institución?
Su primera responsabilidad sería determinar dónde la IA puede generar valor y dónde no conviene utilizarla. “Habría que hacer una definición muy clara”, dice. Junto con esa definición habría que decidir qué tareas exigen supervisión humana y quién responde cuando una decisión asistida por IA produce un daño: “cuando esa responsabilidad se disemina ¿Quién sería el ente dentro de una institución responsable de ello?” se pregunta.
Una política nacional puede establecer principios generales, pero cada dependencia necesita reglas adaptadas a sus funciones. “Yo esperaría que de esa gran política también haya políticas particulares en la que cada secretaría o dependencia o cada entidad también generen políticas que regulen el uso de la IA al interior de la organización”. No es lo mismo, ejemplifica, una institución financiera —donde cita la detección de fraudes y lavado de dinero— que una entidad de programas sociales, donde un evaluador se apoya en la IA para identificar a quién le falta o le sobra un recurso en el padrón.
Martínez Puón realizó una encuesta con 100 personas que ocuparon o siguen ocupando puestos de dirección pública y, entre las nuevas competencias que identificó, aparecen de forma explícita la gestión de la ciberseguridad, privacidad y protección de datos y la transparencia en el uso de algoritmos y rendición de cuentas.
Estas reglas son necesarias: la inteligencia artificial no elimina los dilemas éticos del servicio público, los intensifica. Los funcionarios ya enfrentan conflictos entre valores legítimos: la eficacia frente a la legalidad, la participación ciudadana contra la rapidez, lo económico ante la austeridad, y las prioridades de un nuevo gobierno frente a la continuidad de lo ya construido. Al ejemplificar un caso donde la eficacia sobrepasa la legalidad, ejemplifica: “hay un desastre natural en el que te saltas todos los protocolos legales con tal de ser eficaz y tratar de salir adelante”.
La IA añade una variante a ese dilema: puede ofrecer una respuesta eficiente basada en información incompleta, o recomendar una solución que atienda una urgencia, aunque contradiga alguna disposición existente. Incluso cuando el resultado es correcto, persiste la obligación de explicar cómo se obtuvo y quién asumió la decisión.
La responsabilidad, advierte Martínez Puón, puede diluirse en ambas direcciones: «Podemos resolver un problema, pero podemos ocultar de dónde vino la solución. Pero si generamos otro problema adicional al que ya existía, entonces va a ser muy fácil decir: “fue la IA, no fuimos nosotros”. Lo mismo ocurre a la inversa, dice, cuando conviene atribuirse el mérito de una solución sin transparentar la intervención de la tecnología. En ambos casos se oculta cómo se tomó la decisión.
Por eso, la gobernanza de la IA no puede descansar únicamente en códigos generales de conducta. Martínez Puón propone fortalecer los programas de integridad — “que haya un catálogo efectivamente para los tomadores de decisiones”— y apoyarse en casos prácticos: “una de las tareas va a ser crear una suerte de banco de casos”, dice, que incluya experiencias entre dependencias, estudios comparados y lo que hacen otros países en situaciones similares.
Este aprendizaje resulta especialmente importante en administraciones con alta rotación de personal, donde retener talento se convierte en una medida de protección institucional.
La discusión tiene, finalmente, una dimensión democrática. Para Martínez Puón, los malos servicios públicos y la corrupción alimentan el desencanto ciudadano con la democracia, aunque es cuidadoso con el alcance de esa idea: “No estoy diciendo que la burocracia vaya a salvar la democracia”, aclara. “pero contar con administraciones públicas eficientes y eficaces puede ayudar a mitigar parte de la insatisfacción existente”.
Gobernar la IA, en la lectura de Martínez Puón, no se reduce a controlar una herramienta. Implica decidir quién dentro del gobierno tiene la autoridad para definir sus usos, qué valores prevalecen cuando entran en conflicto y quién responde cuando esa tecnología interviene en la vida de los ciudadanos.