Cuando la dictaminación técnica previa a las adquisiciones se articula con estándares, lineamientos, procesos y estrategia, se transforma en una palanca de política pública que ordena el ecosistema digital del gobierno y conduce los recursos hacia objetivos de mayor impacto. Así, la dictaminación deja de ser un filtro administrativo y se convierte en instrumento de política pública.
Por Mariano Garza-Cantú
Agosto 2026
Minerva Ortega Dueñas, es directora general de Política Digital y Gobernanza Tecnológica de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno del Estado de Sonora. Allí, cada dependencia cuenta con una Unidad de Tecnologías de la Información que canaliza sus solicitudes de hardware, software, servicios o consultorías, a la Dirección de Dictaminación Técnica, que ella encabeza, para su evaluación.
El proceso parte de un levantamiento formal de requerimientos que documenta procesos operativos, necesidades funcionales y no funcionales, problemas por resolver y estimaciones de costo y esfuerzo. Eso permite evaluar no solo la compra, sino la pertinencia de la solución propuesta desde su origen.
El dictamen se basa en tres criterios: cumplimiento de estándares tecnológicos, alineación con necesidades reales, y validación dentro del programa anual de adquisiciones. A eso se suman requisitos operativos como la presentación de al menos tres cotizaciones recientes y la autorización presupuestal correspondiente.
Las solicitudes deben incluir especificaciones técnicas completas de los bienes o servicios, condiciones de soporte, niveles de servicio, vigencias contractuales y, en el caso de software, detalles de lenguajes de programación, arquitectura y licenciamiento. En principio se evitan referencias a marcas específicas, salvo justificación técnica.
Que la solicitud esté contemplada en el Programa Anual de Adquisiciones es parte fundamental del proceso, dice Minerva Ortega, porque vincula la dictaminación con los instrumentos formales de planeación y evita compras fuera de programación.
De este modo se impiden las adquisiciones innecesarias o de lujo —como dispositivos de alto costo sin justificación— y se asegura que la infraestructura tecnológica del estado evolucione bajo principios de interoperabilidad y escalabilidad.
Operativamente, el área funciona con un equipo reducido: Ortega Dueñas, con perfil jurídico-tecnológico, y cuatro especialistas en hardware, conectividad, datos e integración. Las decisiones se revisan de forma colegiada en sesiones periódicas con participación directa del titular de la ATDT, Luis Javier Ortega Cisneros, lo que alinea las autorizaciones con las prioridades estratégicas del gobierno.
Sin dictamen tecnológico, las licitaciones no son aceptadas por las instancias de control, y la Secretaría de Hacienda no autoriza pagos si el proceso no está validado.
Minerva Ortega asegura que el esquema “genera una cadena de control que reduce márgenes de discrecionalidad”. Aunque la Dirección de Dictaminación Técnica no decide a qué proveedor se contrata ni qué procedimiento de compra se sigue, sí establece las condiciones técnicas y de mercado que deben cumplirse.
Además de evaluar solicitudes, el área emite políticas, bases, estándares y lineamientos que regulan cómo deben adquirirse y gestionarse los bienes y servicios de tecnología en todo el gobierno estatal.
Su alcance, precisa Ortega Dueñas, “no se limita a adquisiciones: incluye arrendamientos, contratación de servicios, desarrollos de software, transferencias, donaciones e incluso la baja de activos tecnológicos, mediante dictámenes de viabilidad técnica y económica”.
El acceso al proceso puede condicionarse al cumplimiento de obligaciones previas, como la actualización de inventarios de activos tecnológicos; si una dependencia no cumple, sus solicitudes quedan suspendidas hasta regularizar la información.
Los dictámenes y sus impactos
En la práctica, ese mecanismo ha permitido corregir problemas estructurales. El caso más relevante es la consolidación de servicios de internet. Antes de la intervención había contratos dispersos —algunos con más de dos décadas de antigüedad—, servicios sin uso y condiciones poco eficientes.
A partir de un levantamiento estatal de necesidades, el gobierno realizó una licitación consolidada que redujo el gasto anual de 42 a 13 millones de pesos, un ahorro de aproximadamente 70%. Los recursos liberados se invirtieron en la expansión de fibra óptica para fortalecer la red estatal y dar cobertura en zonas donde el mercado no llega.
El ahorro en adquisiciones se reinvierte en infraestructura estratégica —conectividad para escuelas, servicios de salud y comunidades rurales.
El modelo también busca evitar la duplicación de sistemas. Cuando distintas dependencias solicitan soluciones similares, en lugar de autorizar desarrollos paralelos se promueve el uso compartido o la adaptación de sistemas existentes.
Cuando una solicitud no cumple los requisitos, la dependencia recibe una notificación formal para subsanar omisiones o deficiencias, con lo que el proceso incorpora un mecanismo de corrección antes de rechazar de plano.
El caso de Sonora muestra que intervenir el proceso de adquisición tecnológica puede tener efectos más amplios que el control del gasto.
Otro ejemplo es con los portales gubernamentales, que se fueron unificando. En septiembre de 2023 solo 20 sitios web oficiales estaban alojados en servidores del estado. Actualmente tienen 91 portales y más allá de la reducción de costos en su desarrollo y mantenimiento, este tipo de estrategia ha permitido unificar su operación y, por tanto, fortalecer la ciberseguridad al tener actualizaciones, protocolos y seguridad perimetral, que con el nuevo centro de datos estatal, le da un nuevo sentido a la gobernanza de la infraestructura y a la protección de la información gubernamental.
Cuando se articula con estándares, procesos y estrategia, la dictaminación puede convertirse en una palanca para ordenar el ecosistema digital del gobierno y dirigir recursos hacia objetivos de mayor impacto.
