Un estudio de accesibilidad realizado en 2025 indica que los portales de los gobiernos estatales registraron importantes retrocesos lo que expresa una contradicción de fondo: cada vez más trámites, servicios e información pública dependen de internet, pero no todas las personas pueden acceder a ellos en condiciones de igualdad.
Por Mariano Garza-Cantú
Junio, 2026
El 3er Foro Internacional de Transformación Digital celebrado en Tijuana el 28 y 29 de Mayo del año 2026, trajo consigo una gran variedad de ponentes. Una de ellas fue la periodista Katia D’Artigues con quien conversamos sobre los retos de la accesibilidad digital en México. Katia es cofundadora de Yo También – https://yotambien.mx/ – y una de las voces más potentes de la agenda de la inclusión en México.
Hear Colors –https://www.hearcolors.com.mx/– es una organización dedicada a reducir la brecha digital y asegurar que los contenidos digitales sean accesibles para personas con discapacidad, adultos mayores, comunidades indígenas y personas con baja escolaridad. En 2025 realizaron una investigación para el Índice de Desarrollo Digital Estatal del Centro México Digital, y el resultado fue que la accesibilidad web de los portales estatales mexicano cayó alrededor de 26 % frente al año anterior.
La medición se refiere a las páginas de inicio de los 32 gobiernos estatales – la puerta principal de entrada a trámites, servicios, información institucional y canales de atención.
Para D’Artigues el problema no es solo técnico. Un portal inaccesible es más que una página mal diseñada porque “se está excluyendo de la información a muchas personas” señala. Algo aparentemente menor como un botón sin etiqueta, impide que una persona con baja visión o ceguera navegue con lector de pantalla.
D’Artigues se acercó a este tema desde el periodismo y la experiencia personal. Tras el nacimiento de su hijo Alan, con síndrome de Down, comenzó a escribir sobre discapacidad y a conectar medios, organizaciones civiles y actores políticos. Fue integrante de la Asamblea Consultiva del Conapred durante diez años, diputada constituyente en la Ciudad de México y fundadora de Comunicación para la Inclusión, organización que opera bajo la denominación Yo También con tres ejes de trabajo: periodismo sobre discapacidad, incidencia legislativa y servicios de capacitación e inclusión para empresas e instituciones.
La discapacidad, explica, ya no debe entenderse desde el viejo modelo médico —como si fuera un problema individual que la persona o su familia deben “resolver” para adaptarse al mundo—. El paradigma vigente es el modelo social: la discapacidad surge de la interacción entre una persona con una condición específica y las barreras que la sociedad coloca frente a ella. En el entorno digital, esas barreras pueden ser botones sin etiqueta, bajo contraste, imágenes sin texto alternativo, formularios mal estructurados o páginas imposibles de navegar con teclado.
Los mejores resultados de 2025 corresponden a Jalisco, con 78%; Baja California, con 71,1%; Guerrero, con 65,9%; y Durango y Sinaloa, ambos con 63,6%. Aun en esos casos, ningún estado alcanza niveles plenos de accesibilidad. Hay, sin embargo, avances relevantes en el periodo 2021-2025: Sinaloa subió 41,4% puntos, Baja California, 31,1%; Aguascalientes, 26,8%; y Tabasco, 21,8%.
El problema está en el retroceso reciente. De 2024 a 2025, entidades como Sonora, Nuevo León, Tlaxcala, Quintana Roo, Nayarit, Puebla, Aguascalientes, Morelos, Veracruz y Campeche registraron caídas importantes en su nivel de accesibilidad. Incluso Jalisco, que fue el mejor calificado en cinco años, tuvo un retroceso. Se puede avanzar un año y retroceder al siguiente si el estándar no queda incorporado en el diseño, desarrollo, publicación y mantenimiento de los sitios.
Las recomendaciones internacionales existen desde hace años. Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web —conocidas como WCAG y desarrolladas por el World Wide Web Consortium— establecen criterios verificables para que el contenido digital sea accesible. Su versión mas actualizada, la WCAG 2.2, organiza la accesibilidad en cuatro principios: que el contenido sea perceptible, operable, comprensible y robusto. Esto implica texto alternativo para imágenes, subtítulos en contenidos audiovisuales, contraste suficiente, navegación por teclado, encabezados y jerarquías claras, etiquetas en botones y formularios, foco visible y compatibilidad con tecnologías de asistencia.
D’Artigues lo ilustra con ejemplos concretos. Una infografía gubernamental puede explicar cómo hacer un trámite, pero si se publica como imagen sin texto alternativo, para una persona ciega se reduce a un archivo .jpg. Un botón de redes sociales sin etiqueta puede ser leído por el lector de pantalla simplemente como “botón, botón”, sin indicar a dónde lleva. La accesibilidad, por tanto, no termina cuando se lanza una página: debe mantenerse cada vez que se sube contenido nuevo.
El estudio de Hear Colors revela una deuda concreta del gobierno digital en México: digitalizar sin accesibilidad no amplía derechos, solo cambia el lugar donde aparecen las barreras. Si la relación entre ciudadanía y gobierno pasa cada vez más por portales, aplicaciones y formularios en línea, la accesibilidad debe dejar de tratarse como opcional. Es infraestructura pública.
El reto no es únicamente corregir código: es cambiar la forma en que los gobiernos conciben sus servicios digitales. Un portal accesible no beneficia solo a personas con discapacidad; también mejora la experiencia para adultos mayores, personas con baja conectividad, usuarios con dispositivos limitados y cualquier ciudadano que necesita información clara. La accesibilidad no es un favor. Es una condición mínima para que el gobierno digital sea realmente público.
Accesibilidad a internet por Estado
