La nueva Ley Nacional para Terminar con los Trámites Burocráticos, publicada el 16 de julio de este año en el DOF es, a mi juicio, una buena Ley. Destacaré lo que me parece más relevante de esta Ley: los arreglos institucionales.
Por Andrés Hofmann
La Ley exige reunir bajo un mismo techo tres ejes medulares de la transformación digital: la simplificación administrativa, que antes llamaban mejora regulatoria; la digitalización, esto es, típicamente, las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y la atención ciudadana, que en Estados y Municipios a menudo se confunde con la entrega de ayudas y beneficios a la ciudadanía, y que en el Gobierno Federal no ha sido tema. Estos tres frentes, dice la Ley, se deberán de reunir bajo una sola dirección: las Autoridades de Simplificación y Digitalización. Habrá una Autoridad Federal – la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones (ATDT)- y habrá una Autoridad por cada Estado y una por cada municipio.
Cada uno de estos tres frentes habitan actualmente en diferentes áreas dentro de un mismo gobierno o institución; cada una construyó su propia institucionalidad, sus propias normas, lineamientos, procesos, operaciones y hasta su propio presupuesto. Son cotos de poder, y el titular del ejecutivo estatal o municipal, o de la institución federal, es quien designa a la persona que dirige cada una de estas instancias.
En el mundo federal, por ejemplo, la digitalización de trámites y servicios le correspondía a las Direcciones Generales de TIC que dependían de las Oficialías Mayores o zonas administrativas; la Mejora Regulatoria descansaba en otra Subsecretaria y la atención ciudadana siempre fue un tema accesorio, de poca monta. En gobiernos Estatales y Municipales, la Mejora Regulatoria dependía de Economía; la digitalización típicamente de Administración de Finanzas; y la Atención Ciudadana de Desarrollo Social, Bienestar, o de la persona titular del gobierno.
Un director de informática probablemente no tenía idea sobre mejora regulatoria; un normativo no sabía qué hacían las áreas de TI; y los de atención ciudadana vivían en un mundo aparte.
Esta Ley pretende quebrar esos silos para instalar esas tres actividades en una misma oficina, bajo un mismo mando, y esperamos que bajo un mismo presupuesto.
Este es el aspecto más trascendental del proyecto de transformación digital que propone esta administración, porque establece las bases para gobernar -dirigir, liderar- la transformación digital del país.
Reunir estas tres áreas bajo una misma dirección no es un antojo. Responde a la experiencia recogida en la CDMX por parte de la directiva de la ATDT, más las buenas prácticas internacionales.
La integración que viene
La integración de estas tres áreas en una sola oficina, y su adscripción en el entramado institucional será variopinta.
Habrán Estados y Municipios, por ejemplo, donde la ex autoridad de Mejora Regulatoria pasará a ser la nueva Autoridad de Simplificación y Digitalización, incorporando bajo su dirección las áreas de TI y atención ciudadana; en otros casos ocurrirá al revés: la persona que lideraba el área informática pasará a dirigir los trabajos de simplificación administrativa (ex Mejora Regulatoria) y atención ciudadana.
Estos cambios ya están en marcha: una nueva Subsecretaría de Transformación Digital; una nueva dependencia adscrita a la oficina de la persona titular del Gobierno; una nueva secretaría; una nueva entidad desconcentrada sectorizada hacia una Secretaría; una nueva institución con rango de Dirección General. Las variantes seguirán surgiendo, ya que estos movimientos apenas comienzan.
Por otro lado, la aplicación de la Ley podría verse amenazada por disputas de poder entre grupos políticos dentro de un mismo gobierno o institución, o por los compromisos de la máxima autoridad con el reparto de puestos, entre otros temas.
Hay casos de estados y municipios que no cumplirán con la Ley al pie de la letra por imposibilidades que van desde la falta de personal capacitado hasta la falta de recursos, pasando por movimientos políticos de diverso tipo.
Otros buscarán -y encontrarán- el modo de sacarle la vuelta a los mandatos de esta Ley. Por ejemplo, habrá casos donde la zona informática no se moverá de su actual estatus, por lo que la nueva Autoridad de Simplificación y Digitalización habrá de crear una pequeña oficina para cumplir con esta Ley. Dicho de otro modo: habrá “acomodos institucionales” para dejar las cosas tal cual estaban.
Y luego se darán otros casos, probablemente en aquellos Estados y Municipios con mayor desarrollo tecnológico, donde se percibe que las modificaciones que mandata esta Ley no reportarán mejoras significativas debido a que están satisfechos con el rumbo que llevan. Habrán de hace modificaciones de maquillaje.
En el ámbito federal, por el contrario, el nuevo modelo para gobernar la transformación digital se asentará y fluirá con mayor rapidez debido a que la ATDT tiene el control de las estructuras TIC y ex Mejora Regulatoria de manera transversal, y porque creó el número 079, un primer y potente instrumento de atención ciudadana.
Por todas partes escucho reparos y observaciones de todo tipo a esta Ley, pero en todos los casos reconocen abiertamente, que se trata de un esfuerzo integral que, a partir de experiencias pasadas y mejores prácticas, se está proponiendo una ruta sexenal ambiciosa que se agradece después de una importante y larguísima sequía de iniciativas.
Hay decenas de asuntos por discutir y dar seguimiento. Este fue apenas un primer acercamiento hacia el modelo institucional para gobernar la transformación digital, y los diferentes caminos que este modelo habrá de tomar. Seguimos…