Con esta iniciativa, las personas sordas pueden empezar a ejercer su derecho a hacer trámites por sí mismas, sin depender de terceros. Aquí se trasciende el avance tecnológico pues hay un cambio cultural profundo. Su mensaje es inequívoco: la atención ciudadana debe concebirse para todas las personas, sin excepciones.
Por Mariano Garza-Cantú
En México, las personas sordas han enfrentado históricamente barreras casi insalvables para realizar trámites gubernamentales: ausencia de intérpretes, funcionarios sin capacitación para atenderlos y, como resultado, una dependencia permanente de terceros para asuntos tan básicos como obtener una licencia o presentar una denuncia. Baja California ha puesto en marcha un proyecto pionero que busca cambiar esta realidad de exclusión: el Modelo Único de Atención Ciudadana en Lengua de Señas Mexicana (MUAC-LSM).
Esta iniciativa, creada por la Agencia Digital del Estado de Baja California (ADBC), posiciona al estado como el primero en el país en brindar atención ciudadana en Lengua de Señas Mexicana (LSM) a nivel estatal, con la meta de derribar las barreras comunicativas entre la comunidad sorda y los servidores públicos.
La implementación del proyecto se fundamentó en dos ejes centrales: sostenibilidad tecnológica y pertinencia social. Para el primero, se creó un sistema de videollamadas capaz de gestionar múltiples conexiones simultáneas sin comprometer la operación de otros canales. En cuanto al segundo, se incorporaron intérpretes certificados en LSM con más de 15 años de trayectoria en espacios institucionales como congresos o cabildos, asegurando así calidad y profesionalismo en el servicio.
Para quienes viven con sordera, el desafío trasciende la incapacidad auditiva. Xiomara Moreno y Arturo Villegas, fundadores de PROSOR (Programas de Orientación al Sordo), una organización establecida en Baja California, lo explican de manera contundente: “la comunidad sorda siempre tiene barreras más que nada lingüísticas, pero aparte de eso también hay barreras actitudinales que hacen que el acceso a servicios sea difícil e incluso imposible”.
En trámites delicados —divorcios, denuncias por violencia, procesos ante la fiscalía— la ausencia de intérpretes puede traducirse en la negación de derechos fundamentales.
Un nuevo paradigma con el MUAC-LSM
Viridiana Castro, directora de Operaciones de la ADBC, detalló que el modelo integra tanto el acceso presencial como el digital. En las oficinas gubernamentales de Tijuana, Tecate y Mexicali se instalaron cabinas equipadas con tablets debidamente señalizadas, mientras que en el ámbito digital es posible conectarse desde la página oficial o incluso a través de Messenger. Desde estas cabinas, los ciudadanos pueden iniciar una videollamada con un intérprete certificado. El sistema incluye medidas de continuidad: si la conexión se interrumpe, la persona recibe automáticamente un enlace para reanudar la comunicación.
Cuando interviene un servidor público, se pone en marcha el esquema de Video Relevo, que involucra tres participantes: solicitante, intérprete y funcionario. Así, cuando una persona sorda acude a una oficina para gestionar algún trámite, los servidores públicos pueden establecer una comunicación apropiada. Para garantizar certeza y profesionalismo.
Para la comunidad sorda, la lengua de señas simboliza identidad y autonomía. “Esto es darle una carga tremenda de independencia. Las personas sordas dependen todo el tiempo de intérpretes. Con este canal, pueden empezar a ejercer su derecho a hacer trámites por sí mismas”, reflexiona Xiomara Moreno.
Los números del piloto
El MUAC-LSM funcionó en fase piloto entre marzo y julio de 2025, registrando entre cinco y siete atenciones semanales a personas sordas. Si bien la cifra parece modesta comparada con las 30,000 solicitudes mensuales que procesan otros canales, el verdadero valor radica en la duración y complejidad de cada sesión, que típicamente se extiende de 15 a 40 minutos.
Durante los primeros meses también se registraron interacciones de personas oyentes que probaron el sistema, pero gradualmente la comunidad sorda comenzó a adoptarlo con mayor regularidad. El interés ha trascendido fronteras estatales: Morelos, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de México han expresado su intención de replicar este modelo.
Arturo Villegas, de PROSOR, consideró que el MUAC-LSM constituye un “primer paso atinadísimo” para eliminar barreras históricas y “abre un camino real sin necesidad de millones de pesos, solo con voluntad y ajustes razonables”.
Sin embargo, Villegas mantiene una perspectiva realista y señala limitaciones que requieren atención. Una de las principales es la certeza jurídica: en situaciones críticas no queda clara la validez legal de la firma de un intérprete en actas o denuncias, lo que genera incertidumbre sobre su participación en dependencias como fiscalías y ministerios públicos.
Además de la necesidad de establecer perfiles y protocolos específicos para asegurar la continuidad del servicio —evitando que dependa de esfuerzos aislados—, existe el temor de que un cambio administrativo pueda frenar el proyecto. “El reto es que esto no quede como un programa sexenal, sino que se convierta en un servicio general y permanente”, alertan Moreno y Villegas.
Desafíos por delante
Viridiana Castro reconoce estos retos y ha trazado los siguientes pasos para consolidar y ampliar el programa: formalizar convenios con asociaciones civiles que mantengan una retroalimentación permanente; extender la cobertura hacia municipios y dependencias de alta demanda, como la Fiscalía; desarrollar una aplicación móvil de asistencia en LSM, inspirada en modelos internacionales como Be My Eyes (dirigida a personas ciegas o con debilidad visual); y establecer lineamientos jurídicos precisos que otorguen certeza a la validez de los trámites realizados con intérprete.
El MUAC-LSM trasciende el avance tecnológico: representa un cambio cultural profundo. Su mensaje es inequívoco: la atención ciudadana debe concebirse para todas las personas, sin excepciones. Como sostienen Moreno y Villegas de PROSOR, la inclusión no consiste únicamente en habilitar una ventanilla, sino en garantizar que la comunicación fluya en igualdad de condiciones para todos.